El control externo de los ayuntamientos
Publicado el 16-01-2009 , por Manuel Núñez Pérez. Presidente del Tribunal de Cuentas
El alcance de las competencias atribuidas a las Corporaciones Municipales y la disponibilidad de los recursos necesarios para su desarrollo, han centrado el permanente debate político y académico sobre el municipalismo en España, mantenido a lo largo de los dos últimos siglos de nuestra Historia y aún vigente tras haber celebrado el trigésimo aniversario del actual texto constitucional.El Estado fuertemente descentralizado, diseñado por la Constitución de 1978, está integrado por municipios, provincias y comunidades autónomas y está asentado en los principios de autonomía y de suficiencia de recursos para la gestión de sus respectivas funciones, debiendo el Estado garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad y el establecimiento de un adecuado y justo equilibrio económico entre las diversas partes del territorio.
Pese a los indiscutibles esfuerzos realizados desde los propios municipios y desde diversas instancias políticas y parlamentarias, los referidos principios constitucionales no han tenido un desarrollo plenamente satisfactorio; en particular, el referido a la suficiencia de las Haciendas Locales, estimándose que una de las causas a las que cabe atribuir esta situación se encuentra en la prioridad otorgada al desarrollo del autogobierno de las Comunidades Autónomas y a su financiación.
Así lo viene a confirmar el actual proceso abierto para la determinación de un nuevo modelo de financiación autonómica, sin que conste la inclusión en el mismo de las necesidades del Sector público local.
El problema de la financiación
Todo lo cual se agrava con un problema estructural en la financiación local, debido, entre otros motivos, a que por los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales se vienen prestando servicios que no son estrictamente de su competencia y que día a día se incrementan, ya que, al ser la Administración más próxima a los ciudadanos, sus ventanillas son las primeras en recibir las demandas sociales.
En consecuencia, se considera necesario abordar definitivamente estas cuestiones con objeto de evitar la situación actual de asunción de competencias para las que no se cuenta con financiación suficiente. Además, la grave y muy preocupante situación económica actual está poniendo de manifiesto la debilidad del modelo sobre el que descansaba la financiación local, en el que los ingresos directos e indirectos derivados del desarrollo urbanístico y de los fondos comunitarios, ambos con un limitado horizonte temporal, han constituido una parte relevante de sus recursos, lo que puede afectar, aún en mayor grado, al cumplimiento del principio de suficiencia financiera y condicionar la autonomía local.
En este contexto, resulta obligado referirse al Fondo Estatal de Inversión Local, constituido mediante Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, con una dotación de 8.000 millones de euros para aumentar la inversión pública en el ámbito local mediante la financiación de obras de nueva planificación y ejecución inmediata, con el objeto de dinamizar la actividad económica y reforzar la capitalización de los municipios. La creación de este Fondo viene formalmente motivada por razones meramente coyunturales y, por lo tanto, no es su objetivo atender a la necesaria reforma de la financiación local, dotando a las Haciendas Locales de estabilidad presupuestaria y contribuyendo a su saneamiento financiero.
Sin ánimo de valorar la necesidad y oportunidad de estas medidas, se considera necesario que el Tribunal de Cuentas fiscalice todas las actuaciones que pudieran practicarse de la aplicación del mencionado Fondo Estatal de Inversión Local, favoreciendo la transparencia sobre la utilización de los recursos públicos y la evaluación de su impacto en la mejora de las infraestructuras, tanto productivas como de utilidad social, a las que han de estar destinados, valorando también si estas nuevas iniciativas no han propiciado un empeoramiento de la situación financiera del Sector local.
En todo caso, y sin perjuicio de otras actuaciones fiscalizadoras específicas, los ingresos provenientes de dicho Fondo, según los criterios de distribución establecidos, así como su aplicación han de quedar reflejados en las cuentas anuales que cada Entidad local ha de rendir.
A este respecto, las cuentas de las Corporaciones Locales ofrecen un gran volumen de información, cuyo conocimiento y análisis puede verse afectado en la práctica por las dificultades en acceder a las mismas a través de numerosos expedientes y legajos, a lo que cabría agregar las insuficiencias organizativas que el Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto en los diferentes Informes y Mociones elevados a las Cortes Generales.
Ante esta situación, se consideró urgente y necesario facilitar la accesibilidad a dichas cuentas y modernizar el tratamiento de la información plasmada en las mismas. Esta es una labor en la que el Tribunal de Cuentas se encuentra comprometido, junto con los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, que comparten estas mismas preocupaciones y necesidades.
Examen de las cuentas
La primera tarea que se acometió fue desarrollar un fichero informático de general aceptación que recogiera toda la información de la Cuenta General de la Corporación y que permitiera su explotación. Para ello, se contó con la valiosa participación de la Intervención General del Estado que estableció el formato informático que contiene la información contable de la Cuenta. Por su parte, el Tribunal de Cuentas tiene implantado desde el año pasado un procedimiento telemático para la rendición de las Cuentas de las Entidades Locales que facilita a éstas el cumplimiento de esta obligación, y permite al Tribunal realizar el correspondiente examen de las cuentas rendidas.
Estas nuevas tecnologías posibilitan también rendir cuentas tanto ante el Tribunal como al correspondiente Órgano de Control Externo autonómico; y a fin de aprovechar adecuadamente las potencialidades ofrecidas por el nuevo sistema, se han suscrito convenios de colaboración entre dichas Instituciones de control, que habilitan a las Corporaciones Locales a presentar sus cuentas ante cualquiera de ellas, entendiendo satisfecha de este modo la obligación de su rendición, a la vez que se han convenido criterios comunes para su examen, que permiten simplificar los procedimientos analíticos tradicionalmente aplicados. En consecuencia, el sistema implantado no sólo va dirigido a facilitar la rendición de las cuentas, sino también a potenciar la calidad de la información remitida y a homogeneizar su examen.
La puesta en marcha de este proceso, se ha visto favorecida desde su inicio por el apoyo de múltiples agentes que han comprendido la importancia de la tarea acometida. Precisamente, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Tribunal de Cuentas firmaron el pasado 21 de noviembre, dentro del Plan Avanza, una adenda a un protocolo de colaboración previamente suscrito, que tiene como objetivo la implantación y desarrollo de un sistema que posibilite a las Entidades Locales la rendición telemática de las cuentas, facilitando, entre otras actividades, la divulgación y formación de los funcionarios municipales sobre el uso de los nuevos procedimientos. Asimismo, la Federación Española de Municipios y Provincias y las Diputaciones Provinciales han contribuido a divulgar y apoyar este proceso a través de sus servicios de asistencia a municipios.
Elevado incumplimiento
El Tribunal de Cuentas ha dejado constancia en sus informes de que el porcentaje de entidades del sector público local que definitivamente cumplen con la obligación de rendir cuentas se sitúa en torno al 70%, concentrándose los incumplimientos especialmente entre las entidades de menor dimensión. Aun cuando estos datos no se corresponden con los que con excesiva frecuencia y por motivos diferentes suelen reflejarse en algunos medios de comunicación, el Tribunal de Cuentas ha expresado siempre su preocupación por la situación descrita y por las insuficiencias organizativas que presentan muchas entidades y que propician dichos incumplimientos.
Las actuaciones iniciadas van a impulsar, sin duda, el cumplimiento de la rendición de cuentas y a proporcionar información de una mayor calidad. Los resultados obtenidos, aunque provisionales, son esperanzadores y vienen a confirmar que el esfuerzo compartido entre todas las Instituciones implicadas, además de sintonizar con los nuevos planteamientos de la denominada Administración electrónica, es una manifestación de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos, que contribuirá definitivamente a que todos los gestores públicos del ámbito local rindan cuentas de su gestión y que ésta pueda ser adecuadamente controlada y evaluada, potenciando, en definitiva, la transparencia en la gestión pública.
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